EL SIGLO XIX.

La etapa de Isabel II.

            El siglo XIX comienza con una guerra de liberación contra el dominio francés. Una guerra de caracteres fácilmente épicos que sirve de excelente pórtico a la centuria del romanticismo. De la llamada Guerra de la Independencia y de la presencia francesa, sin embargo, apenas podemos rastrear algún dato sobre su repercusión en este pueblo. La falta de material archivístico de estos años reduce nuestro conocimiento de lo que aquí pasara a dos presencias: una columna de tropas y una costumbre mantenida a fuer de ley. De un lado, según nos informa Madoz[1], en agosto de 1810 ocupó la villa la 5ª división del ejército del general Blake, mandada por el brigadier Creagh. De otro, y siguiendo a Ortí Belmonte[2], hay que considerar de inspiración francesa algunas ordenanzas de las incluidas en la redacción de 1815, especialmente las que se refieren a la limpieza y cuidados sanitarios de la población y en concreto aquella que establece como "obligación de todos y cada uno de los moradores de este partido el varrer las portadas de sus casas en la parte correspondiente para el aseo y limpieza de las calles", mandato que el uso y el tiempo convirtieron en costumbre aún vigente[3].

            La etapa isabelina abarca los años 1833 a 1868, período decisivo en la configuración de la España contemporánea. Administrativamente se inicia con el Decreto de 30 de noviembre de 1833 que ordena la división territorial de la nación en 49 provincias. La de Córdoba coincide prácticamente con el antiguo Reino de Córdoba, con la adición de Hinojosa del Duque y Belalcázar, que administrativamente pertenecían a Extremadura.

            Desde el punto de vista político, y por lo que se refiere a la relación de Añora con los acontecimientos nacionales, hay que señalar por un lado una fiel lealtad por parte de la población a la corona y a las instituciones monárquicas y, por otro, una persistente indefinición partidista. La villa se muestra públicamente en numerosas ocasiones "amante de las instituciones que actualmente rigen y de S.M. la reina Isabel II"[4], y manifiesta festivamente su júbilo por los sucesivos acontecimientos de la vida real. Entre vivas a Isabel II se celebró en 1837 la jura de la nueva Constitución, con repique general de campanas, misa solemne en acción de gracias y Tedeum[5]. La proclamación de la mayoría de edad de la reina, cuando contaba trece años, y su jura para el cumplimiento de los cargos, fue celebrada en Añora el 3 de diciembre de 1843. Los actos incluyeron, además de iluminaciones públicas, repiques de campanas y salvas por la Milicia Nacional, "una capeada de novillos, entregándose todos los havitantes de ella al mayor regocijo"[6]. También hubo celebraciones diversas con motivo de la proclamación de la Constitución de 1845 y de la boda de Isabel II con su primo Francisco de Asís en 1846.  

Isabel II

            El 2 de febrero, dentro de las continuas intrigas palaciegas que dominaron este reinado, el cura Merino atentó contra la vida de la reina, que con tal motivo recibió inequívocas pruebas de afecto popular. La población de Añora le envió un escrito de condolencia del siguiente tenor:

              "Señora.

               Los moradores de Añora de Córdoba a V.M. elevan sus sentimientos manifestando la pena y hondo pesar que han sufrido al saber que V.M. ha tenido la desgracia de recibir el puñal, dirigido por un indigno español y execrable asesino.

               Si por de pronto sus corazones se afligieron por el temor de la pérdida de su idolatrada y legitima Reyna, no desconfiaron que la divina providencia velarie como siempre por salvar tan importante vida rogando al Todopoderoso satisfaciese sus deseos, dilatando la existencia de V.M. y su tierno angelical bastago. Al llegar tan felices momentos, trocaron su amargura en gozo, como haberse salvado de un fatal naufragio, palpitan de alegria.

               Empero aunque corto este vecindario, con orgullo, moran diferentes soldados, que obedientes siempre a la voz de sus jefes, dieron en varias ocasiones pruebas de valor y entusiasmo, sin arredrarles la pérdida de sus hermanos y parientes cayendo a sus pies, ya en la linea de Hernani, Luchana, Mendigorria y otros puntos; y aun en todo evento no vacilaran en repetir su heroismo en fabor de V.M. sucesora de San Fernando"[7].

            Por lo que se refiere al seguimiento de cualquier lucha, tanto militar como política, Añora mostró una actitud mucho más tibia. Tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, comienza en España una guerra civil entre los partidarios de don Carlos, hermano del rey, a quien hubiera correspondido la corona de no haber sido derogada en 1830 la ley Sálica, y los que se ponen del lado de la reina niña Isabel II. Las llamadas guerras carlistas duraron casi siete años y, aunque Andalucía quedó casi al margen del levantamiento, también en Córdoba existieron algunas partidas del bando carlista. Las autoridades cordobesas organizaron fuerzas para la contienda y, así, en el reparto que con fecha 31 de enero de 1835 se hace de las cantidades con que cada pueblo de la provincia debía contribuir para el sostenimiento de las compañías de escopeteros, corresponde a Añora la cantidad de 508 reales y 20 maravedíes.

            Enfrentamientos entre carlistas e isabelinos se produjeron en Los Pedroches, en la Garganta y Torremilano[8], en 1835, sin que en ninguno de ellos participaran vecinos de Añora. Así lo expresan las autoridades locales al gobernador civil de la provincia al afirmar que "ninguna relacion habia tenido en la malograda accion de la Garganta ya en favor como en contra el vecindario de Añora"[9].

            Tampoco se inclinó Añora por ningún bando con motivo del pronunciamiento contra el gobierno del regente progresista Espartero que se llevó a cabo en 1843. En Córdoba se constituyó una Junta de Salvación presidida por Carlos Ramírez de Arellano, que solicitó la adhesión al pronunciamiento de los pueblos de la provincia. El Ayuntamiento de Pozoblanco lo secunda el 23 de junio, "proclamándolo con el mayor regocijo y satisfación y repique general de campanas" y nombrando una Junta presidida por Juan Tirado. Esta Junta solicitó a su vez la adhesión a los pueblos de su partido judicial. Ese mismo día se manifiesta Añora, donde, reunido el Ayuntamiento que presidía Miguel Gil, acordó que se contestara con la ambigüedad propia del desconocimiento y la desorientación:

               "Este pueblo o sus havitantes son pacificos y obedientes a secundar cuanto se encamine a la felicidad de la nacion y el pais sin mezclarse en ningun partido de politica y que teniendo satisfacion de la municipalidad que le representa, ésta contestará a todas las comunicaciones que se dirijan"[10].

            El 27 de julio la Junta de Hinojosa comunica a los pueblos de la zona el triunfo del moderado Narváez sobre Espartero. Pozoblanco ratifica en el ejercicio de sus funciones a la Junta nombrada en junio y pide a los pueblos de su partido que reiteren su pronunciamiento. Añora se manifiesta el 29 de julio con los acostumbrados repiques de campana y vivas a la reina con la mayor solemnidad y júbilo, a la vez que se convoca a los vecinos para "elegir nuevo ayuntamiento, Junta u otra cualquier autoridad personal que merezca su confianza". Estos, sin embargo, manifiestan que

              "no habiendo en este pueblo partido ni ningunas otras desavenencias que pudieran alterar la marcha y administracion de este pueblo, ninguna alteracion querian se hiziese y que mientras no viniese orden terminante de la Junta de Provincia señalando el ayuntamiento que havia de ponerse en posesion o que fuese este relevado, ninguna alteracion havia de hacerse por ser la corporacion como tenian manifestado ser personas que inspiran confianza"[11].  

Espartero y Narváez

            Por lo que atañe a los aspectos puramente locales, Añora cuenta a mediados del siglo XIX con una población que sobrepasa en poco los mil habitantes (concretamente, 1.037 en 1850)[12], población que, al parecer, no se vio afectada por las dos grandes epidemias de cólera que jalonan esta centuria.

            La epidemia de cólera de 1834 causó estragos en Pozoblanco e Hinojosa del Duque, donde fallecieron por su causa 119 y 158 personas respectivamente. La transmisión de la enfermedad se producía de manera rápida ayudada grandemente por las deficientes condiciones sanitarias de los pueblos. Una economía ganadera predominante propicia una convivencia poco higiénica con animales y los gérmenes proliferan rápidamente con los calores propios de la comarca. Por las medidas de precaución que se toman suponemos que las calles solían estar sucias y los corrales de las casas servían frecuentemente de estercoleros, al lado mismo muchas veces de los pozos de donde se abastecían de agua. A pesar de ello, no hay constancia de que esta epidemia afectara a otros pueblos de Los Pedroches.

            Un nuevo brote de esta enfermedad se produjo en 1855, el cual atacó de nuevo de forma especial a Hinojosa del Duque, pero también a El Viso y Belalcázar, entre otras localidades. En Añora el 30 de julio de 1855 se acordó la constitución de las Juntas de Sanidad y Beneficencia para que "se diesen disposiciones preventivas a evitar el roce y circulación de géneros y personas con los pueblos y puntos infectados por la enfermedad del cólera morbo asiático", para lo cual se establecieron turnos de guardia, se prohibió el comercio con productos susceptibles de transmitir la enfermedad y se tomaron medidas de carácter sanitario[13]. Con todo, no hay datos de que la epidemia causara en Añora alguna víctima.

            Urbanísticamente, el pueblo se encontraba muy poco desarrollado. A mediados de siglo constaba de 213 casas que se repartían en trece calles (Córdoba, Galicia, Empedrada, Contento, Plaza, Cantarranas, Iglesia, Cerrillo, Rastro, Concepción, Cruz de Arriba, Amargura y San Pedro)[14], las cuales, según Madoz, son "cómodas, empedradas y limpias". En varias ocasiones el Ayuntamiento proclama la necesidad de realizar diversas obras públicas, entre las que se encuentran una nueva Casa Consistorial, un local para la escuela de niñas, una cárcel pública, una fuente de agua potable, un lavadero y un pilar para los ganados.

            En lo económico, la ganadería, que había sido la ocupación preferente del pueblo en otros siglos, "ha venido a un abatimiento que seria escandaloso referir"[15], motivado, entre otras razones, por el aumento de la cabaña ganadera de las poblaciones vecinas, hecho que había reducido el cerco de pastos del pueblo. Hay en 1831 en Añora 1.527 cabezas de ganado lanar, 18 de vacuno, 131 de cerda, 24 de asnal y 85 yuntas de labor[16]. La dedicación del vecindario se orienta ahora a la agricultura, a través de la producción de trigo, cebada, avena y garbanzos. Esta producción resultaba, no obstante, insuficiente la mayoría de las veces para atender el consumo de la población, que se veía necesitada de proveerse de estos productos en Pozoblanco. Y ello debido, aparte de la mala calidad de los suelos, a las pocas tierras que estos vecinos poseían, especialmente cuando tras la desamortización eclesiástica fueron privados de las tierras de comunidades, santuarios y cofradías de Torremilano y Pedroche que tradicionalmente habían venido cultivando como arrendatarios. Un uso abusivo de sus escasas posesiones motivó que éstas llegaran a ser casi infructíferas o que criaran productos de poca calidad. Por lo demás, existían todavía algunos telares para el hilado de bayetas y paños, cuyo manejo estaba, sobre todo, en manos de las mujeres. La cosecha de uva era ya insignificante y la de aceituna todavía inexistente.

            Socialmente, hay que señalar un alto índice de pobreza. Según un documento sobre el estado del pueblo en 1842, en el pueblo hay "ciento tres pobres y viudas y solteros", 36 labradores ("ningún pudiente") y 157 jornaleros y sirvientes[17].

La desamortización y sus efectos sociales.

            La elaboración del Catastro de Ensenada había puesto de manifiesto la existencia de una enorme cantidad de tierra poseída por manos muertas, que la ideología ilustrada del siglo XVIII consideró un pesado lastre para el desarrollo de la agricultura española. Esta situación impedía, por un lado, el acceso a la explotación agrícola de quienes no eran propietarios de tierra, y, por otro, significaba un quebranto a la Hacienda por tratarse de bienes no contributivos. Tanto el problema social como el fiscal, así como el no menos grave de la deuda pública, se intentaron resolver mediante un complejo proceso legislativo que supuso la puesta en venta de los bienes amortizados eclesiásticos y municipales y que tuvo unas consecuencias de orden  social y económico distintas a las previstas inicialmente.

            La superficie poseída por el clero a mediados del siglo XVIII en la comarca de Los Pedroches ha sido calculada en torno a las 30.000 hectáreas[18], terreno que había sido adquirido básicamente a través de la aceptación de las donaciones de los fieles a lo largo de los siglos. El proceso desamortizador que se llevó a cabo entre 1836 y 1851 supuso la enajenación de más de 5.600 hectáreas de tierra de esta procedencia.

            En Añora fueron desamortizadas un total de 40'1 hectáreas, repartidas en 19 fincas menores todas ellas de seis. El proceso de ventas finalizó, no obstante, con un saldo material positivo para este pueblo, pues fueron adquiridas por vecinos de Añora 128'6 hectáreas de tierras, dato que, sin embargo, pierde su aparente valor si tenemos en cuenta que tal superficie fue adquirida tan sólo por tres propietarios, uno de los cuales se hizo con una finca de 117 hectáreas.

            Las consecuencias de la desamortización eclesiástica fueron, a la postre, negativas para Añora. Por un lado, la alteración producida en los regímenes de tenencia, al cambiar de manos unas tierras que estaban arrendadas casi en su totalidad, privó a muchos arrendatarios de un aprovechamiento agrícola que constituía buena parte de su sustento. Por otro, la desamortización tampoco ayudó a aumentar el número de pequeños propietarios, pues tan sólo tres vecinos de Añora adquirieron bienes. La nueva situación aparece bien reflejada en el escrito enviado en 1848 por el Ayuntamiento de Añora al Intendente de Rentas Nacionales de la provincia solicitando la revisión a la baja de su contribución territorial:

              "Estos moradores se ven en la mayor estrechez porque el mayor número de tierras que cultivaban eran de Comunidades, Santuarios y Cofradías estinguidas de Pedroche y Dos Torres, adquiridas por particulares que las cultivan, y no encontrando mas que las pocas suyas, no las han dado el descanso que se requiere hasta que las han dejado cansadas o casi infructiferas, como la escasez experimentada en los tres últimos años ha demostrado"[19].

            En 1855 se proclama la llamada Ley de Madoz, que declaraba en venta todos los bienes de propios y comunes de los pueblos. Esta ley, como puede fácilmente suponerse, tuvo una enorme trascendencia para la comarca de Los Pedroches y, en particular, para las Siete Villas, que desde la Edad Media habían basado su personalidad en el mantenimiento de una amplísima extensión de tierras comunales.  

Pascual Madoz

            Desde el principio la citada ley había desagradado a los ayuntamientos y vecinos de las Siete Villas, conscientes de los perjudiciales efectos que su aplicación habría de tener sobre la economía de la comarca. Ya en 1851, con motivo de un Interrogatorio dirigido a los ayuntamientos por una comisión parlamentaria para recabar información sobre los bienes de propios, el Ayuntamiento de Añora, en respuesta al artículo 14 que preguntaba sobre la conveniencia o no de "enajenar los bienes de propios, caudal común de vecinos y baldíos apropiados y arbitrados, manifestó su más enérgico rechazo a tal posibilidad, considerando que la enajenación de la dehesa de la Vera no sólo traería como consecuencia la desaparición de su arbolado ("tan viejo") y la alteración del clima de la zona, sino que significaría el fin de la agricultura y ganadería en el pueblo, declara que

              "enagenada esta unica finca de propios que ella les sostiene hasta de leña de arbustos para sus hogares, causaria casi totalmente la desaparición de estos vecinos, viéndose por necesidad en el caso de emigrar a otros paises, llevando tras sí la desolación y miseria de otros donde fuesen a morar por falta de estos recursos"[20].

            Años más tarde, cuando el Proyecto de Ley de Desamortización Civil está a punto de ser aprobado, el Ayuntamiento y los vecinos de Añora envían un sentido escrito a las Cortes Constituyentes en el que comunican su alarma y piden que la dehesa de la Vera sea excluida de la desamortización que se avecinaba inevitablemente, "conociendo su ruina si se les privase por derecho de conservación del goce que hacen en común de los bienes denominados de propios, privándose de este único patrimonio, teniendo indispensablemente que emigrar a otro país en busca de subsistencia". Tras recordar que, aunque en la actualidad parte de las rentas que la dehesa produce se emplean en el pago de impuestos y recaudaciones, "en su primitibo estado tubo caracter especifico de bienes comunes", del cual aun conserva algunos usos indispensables para el sostén de la población, vecinos y capitulares declaran que

              "En cualquier otro destino que el gobierno dé a esta finca no sacará más utilidad que la de presente, desaparecerá su arbolado indudablemente y sin duda la ruina de estos habitantes. Señores, las cortas facultades de estos vecinos no les permiten interesarse en las subastas ni arrendarla al comprador, i cierto y positibo de que verificandose la desmembracion, todos se verán en la absoluta necesidad de vender sus ganados, no poder de ninguna manera subsistir, emigrar con resultados funestos. Por tanto:

               De la sublime penetracion y patriotismo de la Asamblea Constituyente esperan y suplican se sirvan escluir esta finca de la medida general de desamortizacion para que continue siendo la nabe conductora de estos moradores, la admiracion de los transeuntes, que como un nido se ve colocada en medio de terrenos desprovistos de todos montes, vivificando sus circunferencias siendo por lo tanto vigilada, i esmero cultibo por estos laboriosos habitantes, a la par que evitará su destrucción y el abandonar su pueblo natal, donde beneran los restos de sus padres, conservarán la tranquilidad y adhesion que siempre han tenido en fabor de las sabias instituciones que felizmente nos rigen, en cuya confianza se atreven estos ciudadanos a elebar las consecuencias tristisimas que preben siendo tomadas en consideracion por la digna Asamblea elegida para la felicidad de los pueblos"[21]

            Estas y otras súplicas no tuvieron ningún resultado positivo. Los bienes de Añora siguieron el proceso desamortizador de tantos otros. Apenas poseemos datos de cómo se produjo su venta y quienes fueron los adjudicatarios definitivos. Es sabido, no obstante, que en primera instancia una buena parte (si no la totalidad) de la dehesa de la Vera fue adquirida en 1869 por Rafael Alarcón y Manuel Orta (comprador éste de trece fincas)[22], quienes, a falta de otra identificación, hay que considerar sin duda parte de ese clan de "primistas" que, venidos de fuera, adquirieron muchas de las fincas de Los Pedroches para después venderlas a compradores locales a precios mucho más elevados.

            Algo parecido ocurrió con la dehesa de la Jara, de la cual las Siete Villas, al amparo del artículo 2º de la Ley de Desamortización de 1 de mayo de 1855 que excluía de la desamortización a los bienes que en aquel momento fueran de aprovechamiento común, pidieron al gobierno que declarara su carácter de finca no enajenable. Las Villas recurrieron un acuerdo de la Diputación de 1862 por el cual se declaraba procedente la venta de las dehesas de la Jara, Ruíces y Navas de Emperador, pero un decreto dictado por Isabel II el 6 de febrero de 1866[23] confirmó la Real Orden de 14 de diciembre de 1862 que ordenaba la enajenación, al considerar que en aquel momento las dehesas estaban siendo utilizadas como bienes de propios, dedicándose sus rentas a cubrir las necesidades municipales, y no en régimen común y gratuito para los vecinos.

            La venta de las dehesas que los vecinos de las Siete Villas habían poseído "desde tiempo inmemorial" tuvo diversas consecuencias de orden económico y social, pero, en términos generales, puede decirse que sirvió para enriquecer considerablemente a un reducido número de propietarios y para incrementar significativamente el proletariado comarcal, que tuvo que recurrir ahora a emplearse como asalariado.

            El sentimiento de los vecinos de las Siete Villas tras la venta a su pesar de las dehesas que habían sido sus sustento durante siglos aparece bien reflejado en un informe del Ayuntamiento de Pozoblanco redactado en 1864:

              "Verificada la enajenación de estos bienes la inmensa mayoría de estos naturales ha descendido de la clase de propietarios a la de proletarios; y perdidas por completo las preciosísimas ventajas que les proporcionaban los bienes que en común poseían, han quedado reducidos al mezquino producto del trabajo de sus brazos, pesando además sobre ellos las cargas de que antes estaban exentos.

               Los compradores de la Jara se ven obligados a emprender grandes desmontes para acallar y ocupar la infinidad de braceros que han de ganar el pan, regando con su sudor y sus lágrimas una tierra que no pueden mirar sin que se conmuevan dolorosamente las fibras más sensibles de sus corazones. No es pues de admirar que el pauperismo crezca en estos pueblos en una proporción lamentable; y si nos es dado juzgar con algún rigor lógico tenemos derecho para creer que tras el pauperismo vendrá la desmoralización y por último la emigración".[24]

            Llegamos así a la revolución septembrina de 1868, iniciada en Cádiz por el almirante Topete y que terminará obligando a Isabel II a salir del país a finales del mes. El campo vive una situación de extrema precariedad, como consecuencia de las malas cosechas, que originará carestías y alto nivel de paro que se intentará paliar mediante la realización de obras públicas por parte de los ayuntamientos.

            A nivel político, en los pueblos la revolución de septiembre no produjo más efecto que la sustitución en el poder de un partido por otro, y en Añora, aunque no poseemos datos documentales sobre el particular y dada su tendencia a la indiferencia partidista, es posible que ni siquiera eso.

            Pero el malestar social es palpable y, como apunta Díaz del Moral[25], comienza a surgir en los pueblos, "por generación espontánea, una peculiar corriente de socialismo, considerado como "una vaga tendencia de pobres contra ricos", de aquellos cuya situación había empeorado con la pérdida de los aprovechamientos comunales contra quienes habían acumulado la tierra en sus manos o la tenían de antiguo. En Pozoblanco, el 1 de noviembre de 1868 se celebra una manifestación multitudinaria que pide al Ayuntamiento el reparto de la dehesa de la Jara desamortizada. Es sólo el comienzo de una serie de levantamientos de protesta que se producirán también en las demás villas afectadas, con la intención de conseguir "una nueva desamortización en que muchos propietarios individuales de la tierra sustituyan a los pocos que a la sazón la posean". Un acta de 8 de diciembre del Ayuntamiento de Pozoblanco da cuenta de que desde el 29 de noviembre "turbas indisciplinadas convocadas por medio de pasquines, y a pretexto de pedir se le repartiese las suertes los quintos de la dehesa de la Jara (...) cometieron allanamiento de casas en busca de los compradores; y en los días siguientes invadieron las propiedades expresadas vecinos de esta población, de la de Pedroche, Torrecampo y Villanueva de Córdoba, robando el fruto pendiente de bellota y que tenían recogidas sus dueños en sus casas rurales"[26]. El Ayuntamiento opta por la represión mediante la organización de una guardia local armada y el auxilio de la Guardia Civil, pero el descontento popular, aunque acallado violentamente, no desaparece.

            Nuevas manifestaciones de este socialismo que Díaz del Moral llama "indígena" tienen lugar en abril de 1873[27]. El 11 de febrero había abdicado Amadeo I, elegido hacía poco más de dos años, y la Asamblea Nacional había proclamado la República, que transcurrirá ante la indiferencia de las capas más populares. El 13 de abril "una masa de campesinos y de las villas comarcanas" se manifestaron de nuevo ante el Ayuntamiento de Pozoblanco pidiendo una vez más que se repartiera la dehesa de la Jara y las fincas de los ricos. Aunque la manifestación se disolvió sin más consecuencias, es interesante, en opinión de Díaz del Moral, los razonamientos en los que fundamentaban su petición: ellos, que trabajaban la tierra, se consideraban con más derecho a su disfrute que quienes la poseían y les pagaban un mísero salario[28].

            Como reacción a este incipiente movimiento revolucionario y "socialista", y al amparo de la circular de 22 de enero de 1877 dictada por Zeferino González, obispo de Córdoba, nace en mayo de 1877 el Círculo Católico de Obreros de Añora, cuya finalidad, común a todos los que surgieron en la provincia por aquellos años, es "arraigar y propagar las creencias de la Iglesia Católica apostólica y romana, las buenas costumbres y los conocimientos religiosos, morales, científicos, literarios y artísticos; crear Cajas de Ahorro para socorro de obreros y proporcionar sano recreo"[29]. Estaba presidido por Antonio López Caballero, tejedor de profesión, y en su sede contaba al parecer con una buena biblioteca.